La Generalitat despide 310 trabajadores del metro

Ningún cargo político ha asumido responsabilidades por el accidente de metro que ocasionó 43 muertos en julio de 2006

La Generalitat Valenciana despide a 310 trabajadores del metro y el tranvía en Valencia y Alicante

Enric Llopis

Cuando el buitre neoliberal acecha, es porque huele a cadáver en el sector público. Y en el País Valenciano, el buitre no hace más que engordar. El Gobierno Valenciano presentó siete Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en otras tantas empresas públicas durante 2012. Pero el objetivo final no queda ahí. El Consell pretende un recorte de plantillas que afectará, según las fuentes oficiales, a entre el 40 y el 50% del sector, es decir, a unos cinco mil empleados de empresas públicas.

En Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (empresa pública que gestiona el metro y el tranvía en Valencia, Alicante y sus respectivas áreas metropolitanas), el Gobierno Valenciano ha aprobado un ERE, de acuerdo con los sindicatos con mayor representación en la empresa (UGT, CCOO, SEMAF y SCF), que implica el despido de 310 trabajadores, de los que 236 corresponden a jubilaciones y prejubilaciones. Además, la empresa y las citadas organizaciones sindicales acordaron una reducción salarial del 10% para todo el personal desde el 1 de enero de 2013.
El Expediente de Regulación de Empleo, que cuenta con el voto en contra de SIF y SF-Intersindical Valenciana, ha sido respaldado en referéndum por el 70% de los trabajadores de FGV. Inicialmente, el ERE proponía el despido de 450 empleados, lo que dio lugar a paros parciales y jornadas de huelga convocadas por las organizaciones sindicales.
Además de afectar al personal en plantilla, los planes de la Conselleria de Infraestructuras apuntan a la línea de flotación de un servicio público esencial. Según informaciones de Levante-EMV, el Plan de Saneamiento de FGV, elaborado por la consultora privada Improven, aconseja el cierre de líneas (Benidorm-Denia Norte y otra en Alicante), la reducción de frecuencias y la venta de estaciones (Calpe, Denia y algunas en Valencia), con lo que la empresa podría ahorrarse unos 30 millones de euros, según informa el rotativo valenciano.
No son políticas inocentes. Se envuelven siempre en el celofán propagandístico de la “eficiencia”, el “adelgazamiento del pesado sector público” y la idea de “devolver la iniciativa a la sociedad civil”. Pero a juicio de la diputada autonómica de EUPV-IU, Marina Albiol, “lo que el PP tiene en mente en todo momento es la privatización del transporte público que, además, en el País Valenciano es cada vez más caro y de peor calidad”.
En la historia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana cabe puntear otros hitos tan relevantes como el ERE. El 3 de julio de 2006, FGV saltó a las primeras planas de la prensa internacional por un accidente en la línea 1 del metro de Valencia, el de mayor gravedad en la historia de España, que se saldó con 43 muertos y 47 heridos. Los familiares de las víctimas han salido hasta en 73 ocasiones a la céntrica plaza de la Virgen de Valencia para que se les dé alguna explicación por lo ocurrido. Pero nadie responde ni ha dimitido por los hechos, sucedidos durante el mandato de Francisco Camps. A pesar de todas las lagunas y puntos oscuros que rodean a la tragedia, hace tiempo que se impuso una sola versión política y judicial: toda la culpa fue del conductor, que falleció en el mismo accidente, por circular a mayor velocidad de la debida. “Es lo que hay” , se les viene a decir a las familias.
Con una década a sus espaldas como directora gerente (hasta que dimitió el 30 de octubre de 2012), casi nada de lo sucedido en FGV escapa a la responsabilidad de Marisa Gracia. De entrada, no vio necesidad de presentar su dimisión tras el fatídico accidente de metro, pese a que sindicatos con representación en la empresa y familiares de las víctimas denunciaran la falta de inversiones y de medidas de seguridad. Tampoco dimitió por los hechos el entonces conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón (ya fallecido).
Recientemente, el grupo parlamentario de Compromís anunció que presentaría una denuncia contra Gracia por el “saqueo” de la empresa FGV y, en concreto, por pagar más de 620.000 euros en 8 años (entre octubre de 2004 y enero de 2012) a la consultora H&M Sanchis, en concepto de campañas de comunicación, asesoramiento y elaboración de contenidos. ¿Qué pagos se esconden bajo estos epígrafes? Por ejemplo, 20.900 para elaborar un plan de comunicación en el año 2004, 8.500 euros para el asesoramiento de publicaciones internas de FGV, 7.500 euros en varias ocasiones para preparar ruedas de prensa y 7.080 euros para preparar la comunicación de la empresa coincidiendo con el quinto aniversario del accidente de metro. Incluso llegaron a elaborarse “argumentarios” para defender la “verdad” de la empresa y del Gobierno Valenciano sobre el accidente del 3 de julio.
También la fiscalía ha abierto una investigación a la ex gerente de FGV, según informó en su día El Mundo, después que un empleado denunciara que Marisa Gracia había dado la orden de cambiar informes técnicos con el fin de adjudicar contratos de seguridad en Valencia y Alicante a las empresas Med Seguridad SA y Prosegur SA, pese a que no presentaron las ofertas más económicas.
¿Y respecto la gestión del día a día? También ha recibido muchas críticas. De hecho, el Comité de Empresa de FGV ha criticado el coste de 32 trenes y tranvías (más de 200 millones de euros) que permanecen varados; o el inicio y paralización de determinadas obras, por ejemplo, la línea T2 del tranvía de Valencia o la ampliación de Ribarroja; así como la decisión de preferir el cierre de la L2 de Alicante a su explotación directa por parte de la plantilla de la empresa.
Por esto y por otras razones, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana acumula una deuda de más de 1.000 millones de euros. Que se les hace pagar a trabajadores de la empresa y usuarios del transporte público, porque en los últimos años se ha incrementado el número de directivos en FGV en un 400% (de 17 a 102). Algunos de estos altos cargos cobraban un sueldo equivalente al de un ministro y superior al del presidente de la Generalitat. Entretanto, la plantilla aumentaba en un 25% (de 1.300 a 1.700 trabajadores). Para rematar, en octubre de 2011 la Conselleria de Infraestructuras redujo la presencia de los sindicatos en el Consejo de Administración de FGV a un miembro, mientras que el resto de la representación se asignó a miembros del Consell y altos cargos de la Generalitat Valenciana, según informaciones de Levante-EMV.
Opacidad, irregularidades, ejercicios de irresponsabilidad al más alto nivel y deficiencias muy notorias en la gestión que se liquidan, finalmente, con un ERE y la precarización del transporte público. Todo ello, para abrir el camino a un sector privado que supuestamente garantizará una manejo “eficiente” y “rentable” del negociado. Pero si se echa mano de la hemeroteca, hace mucho que estas falacias no se sostienen. Ya en el año 2001, según publicó El Boletín, la Intervención General del Estado señaló que la Generalitat Valenciana destinó a otros fines los 23,7 millones de euros que el Gobierno Central aportó para reducir el déficit de FGV. Aunque sin éxito, Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro (vicepresidente económico y ministro de Hacienda en la época de Aznar) le reclamaron este dinero a Eduardo Zaplana, entonces presidente del Gobierno Valenciano.
Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), Radiotelevisió Valenciana (RTVV), Vaersa (empresa teóricamente destinada al aprovechamiento energético de residuos), Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV), Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), CIEGSA (dirigida a la construcción de centros educativos) y otras empresas públicas desmanteladas o en vías de desguace. Por discutible que resulte la gestión, no lo es menos que el tajo afecta singularmente a las plantillas. Los directivos y responsables políticos del desaguisado salen indemnes. Con la coartada de la crisis.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=162062